Lo que hacemos y decimos en Internet no es anónimo. Somos responsables de lo que publicamos y si con ello incurrimos en alguna ilegalidad, la policía puede exigirnos cuentas con la justicia.
Tras el bárbaro asesinato cometido hace tan solo unos días en León que tuvo como víctima a la política Isabel Carrasco, se han sucedido detenciones en nuestro país de algunas personas por publicar mensajes alegrándose del hecho y por animar a que se repitan actos similares.
Las connotaciones políticas del suceso han hecho que ardieran las redes sociales de forma poco habitual, trasladando el conflicto al terreno político y a una guerra entre simpatizantes y contrarios.
Tanto ha sido así, que pocas horas después ya se habían producido dos dimisiones de cargos políticos de otros partidos por comentarios fuera de lugar escritos en redes sociales de forma pública. Mensajes como “cuando las barbas de tu vecino veas cortar… pon las tuyas a remojar” dirigidos a otros cargos políticos o “quien siembra vientos recoge tempestades” han sido suficientes como para avergonzar al autor y exigir su dimisión desde sus propios partidos.
Twitter ha incluido en su sistema de alertas a la Dirección General de Policía de España, mediante su perfil @policia.
Yo, que llevo años siendo usuaria de Whatsapp nunca me había enfrentado con un corte del servicio ni con un mensaje de este tipo.
